El municipio de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, registra este martes 28 de julio serios problemas debido a que, por segundo día consecutivo, las unidades de transporte de pasajeros no han salido a las calles. Se trata de una medida de suspensión de labores de los trabajadores de los buses ante extorsiones de las que estarían siendo víctimas.
Según la información preliminar, los afectados han expresado temor ante posibles ataques que podrían perpetrar los grupos delincuenciales contra las unidades, pilotos, ayudantes y usuarios.
Ante esta situación, algunos de los usuarios no han podido trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio u otros destinos debido a que los buses que generalmente cubren la ruta entre la ciudad colonial y la capital no están circulando.
Otros de los habitantes antigüeños han optado por utilizar transportes alternativos, como taxis colectivos y otros vehículos particulares que se movilizaron para prestar el servicio; sin embargo, los costos son altos, en comparación con el pasaje que pagaban a diario.
Las tarifas rondan los Q20 por el recorrido desde Antigua Guatemala hacia San Lucas Sacatepéquez, a donde algunos de los usuarios se movilizan para poder abordar posteriormente los buses provenientes del occidente y llegar a la Ciudad de Guatemala. Otros pilotos de automóviles cubren la ruta completa, hasta la capital, ofreciendo el servicio por costos de entre Q40 y Q50.
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Ataques al transporte colectivo han cobrado 60 vidas en 2026
Datos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano dan cuenta de que en el primer semestre de 2026 se reportó la muerte de 60 personas en hechos violentos en vehículos colectivos de pasajeros. Asimismo, se reveló que en los ataques resultaron heridas 44 personas, siendo los usuarios los más afectados, con 22 heridos y 9 muertos.
En los incidentes también fueron asesinados 17 pilotos de mototaxi, 8 de autobuses extraurbanos 6 de taxis colectivos, 3 de taxis no autorizados y 3 supuestos delincuentes. Según los datos, la mayoría de hechos están relacionados con extorsión, asaltos y ajuste de cuentas.
En ese sentido, el defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, dijo que se han incrementado los hechos violentos en el servicio público.
Asimismo, el delegado señaló que el reto del gobierno es implementar un servicio colectivo de calidad, seguro y con una tarifa justa, tomando en cuenta que la mayoría de hechos se dan en unidades sin autorización.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
