La defensa de los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, solicitará ante los órganos de justicia que se les otorguen medidas sustitutivas. Ambos llevan más de un año privados de su libertad debido a que el Ministerio Público (MP) los señala dentro de un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023.
La audiencia de revisión de medidas está programada para este martes, 4 de agosto, y se desarrollará en el Juzgado Tercero de Instancia Penal. Durante la misma, los abogados estarían presentando los argumentos correspondientes para respaldar la solicitud enfocada en que puedan recobrar su libertad.
Los exlíderes indígenas fueron capturados en abril de 2025 y siguen detenidos, a pesar de que se han presentado acciones legales y peticiones públicas de entidades nacionales e internacionales pidiendo su liberación.
Los sindicados han enfrentado múltiples prórrogas de su prisión preventiva y actualmente están recluidos en la cárcel de Mariscal Zavala sin que su caso tenga avances.
"Presos de conciencia"
La organización Amnistía Internacional (AI) designó en mayo pasado como "presos de conciencia" a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde hace más de un año tras encabezar protestas en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, y exigió su "inmediata e incondicional liberación".
La investigadora de la entidad, Adeline Neau, denunció en rueda de prensa que el proceso contra Pacheco — quien es viceministro de Energía y Minas, puesto que mantiene pese a la detención — y su compañero Chaclán representa un "grave retroceso" en derechos humanos.
Neau recordó que bajo los mismos cargos de terrorismo se encuentran también sindicados otras autoridades indígenas, como Basilio Puac (integrante de la junta directiva de los 48 Cantones) y Esteban Toc (ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá).
En ese contexto, Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, quien lleva poco más de un mes en el cargo, a revisar la objetividad de estas persecuciones que, según la organización, forman parte de un patrón de criminalización que afecta también a periodistas y operadores de justicia en Guatemala.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
