El Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos emitió un comunicado este viernes, 21 de agosto, a través del cual cuestionó la falta de avances en las investigaciones relacionadas con denuncias de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al considerar que la falta de seguimiento afecta directamente la calidad de los servicios de salud que recibe la población guatemalteca.
La organización señaló que, a menos de cinco meses de finalizar 2026, se conocen pocos avances sobre las denuncias de irregularidades y corrupción presentadas por la propia cartera salubrista, que actualmente está a cargo del ministro Joaquín Barnoya.
Según el documento, en marzo de 2026 se reportó una presunta red de corrupción vinculada con registros sanitarios, en la que se habrían detectado extravío recurrente de expedientes, emisiones anómalas de certificaciones sanitarias, suplantación de identidad de usuarios, falsificación de firmas y certificados de buenas prácticas de manufactura, además de evasión de controles mediante plataformas informáticas.
De igual forma, hizo referencia a un caso relacionado con el medicamento Remdesivir. De acuerdo con la denuncia, en junio de 2026 se habría reactivado y presentado una nueva querella por compras con sobreabastecimiento, vencimiento de productos en hospitales y tiempos récord en la aprobación de licencias durante la pandemia.
El foro además recordó que, a finales de 2025, el Ministerio de Salud presentó 41 denuncias por presunta corrupción, de las cuales 22 contaban con montos precisos de recursos desviados, por un total de Q7.468 millones.
Expone casos recientes
Entre otros de los casos mencionados en el comunicado figuran el incumplimiento de trabajos de mejoramiento en hospitales, irregularidades en la compra de alimentos, robo de medicamentos, destrucción o alteración de registros informáticos, falsificación de documentos, negligencia, usurpación de atribuciones y compras presuntamente sobrevaloradas.
En ese sentido, el Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos advirtió que estos hechos no constituyen únicamente problemas administrativos, sino que pueden tener consecuencias directas sobre la población, especialmente porque el Ministerio de Salud es una de las instituciones públicas con mayor impacto en la vida de los guatemaltecos.
La organización sostuvo que combatir la corrupción y la impunidad en el sistema de salud debe ser una prioridad institucional, debido a su relación directa con la vida, la dignidad y el bienestar de la población. Por ello, pidió que las investigaciones se realicen de manera independiente y sin interferencias políticas o intereses particulares.
