Guatemala cuenta con un total de 292,753 empleados en el Estado que trabajan en 85 instituciones, según reveló este martes el primer Censo Nacional del Recurso Humano del Estado.
El estudio, recabado en etapas censales (julio a octubre de 2017 y octubre a diciembre de 2018), encontró que la mayoría de trabajadores del estado tiene plazas fijas (un 64 por ciento), contra un 32 por ciento que cuenta con cargos temporales y el resto “a destajo” o “ad honorem”.
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Si bien el 50.15 por ciento son funcionarias mujeres y el 49.85 por ciento son hombres, la disparidad salarial es evidente en cargos en los que se perciben más de 1,500 dólares al mes.
Allí la diferencia aumenta en dos terceras partes -aproximadamente- a favor de los hombres.
Además, el censo estatal, el primero que se realiza en Latinoamérica, según dijo el ministro de Economía y presidente de la junta directiva del Instituto Nacional de Estadística, Acisclo Valladares, expuso que solo 88,910 son funcionarios indígenas, aunque un 45,666 prefirió no especificar su pertenencia étnica.
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En cuanto al nivel educativo, el estudio demostró que el 37.78 de los funcionarios cuenta con estudios universitarios, mientras que el 51.24 por ciento solo cuenta con diversificado (enseñanza media) y el 5.40 por ciento, con estudios básicos.
Los sueldos
La mayoría de trabajadores con altos niveles escolares percibe 5,100 dólares o más de salario mensual, aunque el censo mostró que siete personas con educación primaria tienen ese sueldo.
La mayoría de trabajadores está contratada en los ministerios del Gobierno (un 88.9 por ciento) y las autoridades reconocieron que hay más trabajos que empleados, pues existe un total de 322,902 registros de plazas debido a que hay quien cuenta con más de una.
El censo fue realizado a la Presidencia, los ministerios del Estado, las secretarías, los órganos de control jurídico-administrativo, los órganos de control político, los organismos Legislativo y el Judicial, las entidades descentralizadas no empresariales (voluntariamente) y las entidades autónomas no empresariales (voluntario).
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También, fue registrada la seguridad social, las municipalidades (entes locales), entidades públicas municipales no empresariales y de seguridad social, las mancomunidades municipales, empresas públicas nacionales y municipales y empresas públicas financieras monetarias y no monetarias a nivel nacional y local.
Alrededor de 1,300 personas participaron en la investigación, cuyas entrevistas fueron cara a cara.
El censo contó con el apoyo económico de la Unión Europea, que movilizó 5.3 millones de euros (más de 5.8 millones de dólares), que fueron gestionados por el Banco Mundial, que además participó con apoyo técnico y recurso humano para su elaboración.
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El representante de la Unión Europea Alberto Cortezón, aseguró que no se trató de “un derroche (de recursos)”, pues además del censo se llevará a cabo la “integración de los sistemas de información de gestión del recurso humano y el fortalecimiento del marco institucional de gestión de los recursos humanos”.
Cortezón mencionó que el censo era una “foto fija que le da al Gobierno la orientación de dónde se encuentran sus recursos para poder tomar decisiones motivadas y argumentadas, para, si lo estima necesario, lanzar una reforma de la administración pública”.
Durante más de tres años fue realizado el estudio, con dos fases censales entre 2017 y 2018 y el análisis de la información, realizada este 2019.
*Con información de EFE
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