La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este viernes detener, hasta nueva orden, las expulsiones de venezolanos detenidos en un centro para migrantes en Texas, tras recursos de emergencia presentados por organizaciones de derechos civiles.
El fallo se produce en respuesta a un recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que el Gobierno de Donald Trump intenta aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador. Esta ley, histórica y controvertida, solo se había utilizado en tiempos de guerra.
Con dos votos en contra, la Corte Suprema decidió bloquear temporalmente las deportaciones mientras se analiza el fondo de las demandas. La decisión se centra especialmente en la situación de cientos de migrantes acusados por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.
Un traslado polémico
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos a una megacárcel de máxima seguridad: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta prisión ha sido objeto de denuncias internacionales por presuntos abusos a los derechos humanos.
Hasta la fecha, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido trasladados a este centro bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua.
La semana pasada, la Corte Suprema había emitido una orden permitiendo las deportaciones hacia el Cecot, siempre que los migrantes fueran notificados previamente y se les concediera un "tiempo razonable" para apelar la decisión. Sin embargo, las nuevas acciones judiciales frenan esas expulsiones de forma temporal.
Trump recurre a leyes históricas
La polémica se intensificó el pasado 14 de marzo, cuando el expresidente Trump, en su campaña de mano dura contra la migración irregular, invocó formalmente la Ley de Enemigos Extranjeros. Activistas y organizaciones de derechos humanos consideran que su aplicación en este contexto representa un uso extremo e inédito de una legislación diseñada originalmente para tiempos de guerra.
Mientras tanto, cientos de venezolanos permanecen detenidos en espera de una resolución definitiva, mientras aumentan las tensiones políticas y legales en torno al futuro de los migrantes en Estados Unidos.
