La tormenta tropical Cristina expuso una de las crisis ambientales más graves en San Marcos, luego de que la playa de Ocós, un importante destino turístico y comercial en la región fronteriza, amaneció esta semana cubierta por toneladas de basura arrastradas por el río.
Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, explicó que los residuos que tapizaron la playa de Ocós no fueron generados en la zona, sino que provienen de comunidades situadas río arriba, en especial desde municipios como Coatepeque.
Castellanos señaló que "muchos poblados lanzan su basura directamente al río El Naranjo, que desemboca al lado de Ocós". Según sus palabras, el vertedero municipal de Coatepeque se ubica a la orilla del río, por lo que gran parte de sus residuos terminan en la costa.
Acciones legales y limitaciones institucionales
Ante la consulta sobre posibles acciones contra esta práctica, Castellanos confirmó que el Ministerio de Ambiente ya trabaja en la apertura de expedientes para imponer multas a las municipalidades responsables de contaminar el río El Naranjo. Detalló que, además, están preparando denuncias ante el Ministerio Público y notificando a la Contraloría General de Cuentas por posibles incumplimientos legales, ya que el artículo 68 del Código Municipal establece como competencia de las municipalidades la correcta disposición de residuos y desechos.
El viceministro también reconoció que, si bien la normativa vigente otorga autonomía a los municipios para el manejo de desechos y el suministro de agua, muchas autoridades locales utilizan esta autonomía como excusa para no cumplir con las normativas ambientales. "Alegan falta de recursos, sobre todo en municipios pequeños, aunque existen otros que sí cuentan con recursos y no los priorizan para la protección ambiental", afirmó Castellanos.
Diálogo e impulso de reformas
En la entrevista, Castellanos manifestó que el Gobierno Central comprende las limitaciones financieras de muchos municipios y busca acompañarlos a través de préstamos internacionales y la creación de normativas que obliguen a dedicar fondos al saneamiento ambiental. Mencionó que se ha solicitado la inclusión de este tema en los Consejos de Desarrollo (CONADUR), para establecer reglas claras y obligatorias sobre el destino de recursos municipales al manejo de desechos.
Poder de fiscalización y cambios legales
Respecto a la capacidad de coerción del Ministerio de Ambiente frente a prácticas municipales que generan daño ambiental, el funcionario detalló que la ley limita el accionar del ministerio básicamente a la imposición de multas y la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.
"Históricamente, las denuncias presentadas se quedaban sin procesar, pero esperamos que con los nuevos cambios en el Ministerio Público la respuesta sea diferente", agregó.
Castellanos adelantó que su equipo trabaja en una iniciativa de ley, respaldada técnicamente, para presentarla al Congreso en busca de una regulación más eficaz y con mayor poder coercitivo ante la resistencia de algunas municipalidades. El objetivo es que el Ministerio de Ambiente cuente con herramientas legales adecuadas para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de los recursos naturales del país.
La crisis en Ocós se suma a otras situaciones similares que afectan a distintas regiones costeras y demuestra la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional, la fiscalización y la gestión adecuada de los residuos sólidos para evitar daños irreversibles en los ecosistemas costeros y la salud de las comunidades.
* Escuche aquí la entrevista completa con el funcionario del Ministerio de Ambiente:
