El Parlamento Europeo y la Organización de los Estados Americanos (OEA) programaron para este martes 12 de diciembre las sesiones en las cuales discutirán la situación actual de Guatemala, marcada por una serie de acciones legales en el marco del proceso electoral, mismas que, incluso, buscan que este quede anulado. Ante ello, los ciudadanos continúan con las protestas en defensa de la democracia.
El Consejo Permanente de la OEA celebrará una reunión ordinaria en el salón Simón Bolívar en la sede de la entidad en Washington, DC, para considerar lo que enfrenta la nación centroamericana. Se trata de la novena ocasión en la que se conoce el tema, en la anterior el representante de los Estados Unidos, junto a otros países, presentaron una propuesta para una resolución “más seria” y este día se podría conocer.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el pasado viernes “el intento de golpe de Estado” por parte de la fiscalía de Guatemala, que consideró “nulas” las elecciones en las que venció Bernardo Arévalo alegando irregularidades.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, afirmó la secretaría general de la OEA en un comunicado.
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Parlamento Europeo abordará “intento de golpe” en Guatemala
El subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, anunció por medio de sus redes sociales que el Parlamento Europeo discutirá la situación en Guatemala, con un pronunciamiento de Josep Borrell Fontelles, alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
“El título de la audiencia es claro: Intento de golpe de Estado en Guatemala”, señaló Pappier, quien ya había adelantado días atrás que se estaría analizando implementar un régimen especial de sanciones con respecto al país.
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Además, dio a conocer que HRW le envió una carta a todas las máximas autoridades de la UE encargadas del tema de sanciones para pedir que se apliquen contra cuatro funcionarios: la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la integrante de esa fiscalía, Cinthia Monterroso; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
