Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán expresaron su "profundo rechazo e indignación" ante la captura de miembros de la junta directiva 2023 de esa organización, incluido Luis Pacheco, el expresidente de esa entidad y actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En una conferencia de prensa que brindaron desde la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Totonicapán, los líderes indígenas señalaron que estas detenciones llevadas a cabo por un supuesto caso que se encuentra bajo reserva representan un claro acto de criminalización contra el ejercicio legítimo de las autoridades indígenas que, según sus palabras, históricamente han velado por la justicia y democracia.
"Denunciamos este hecho como un abuso de poder que pone en riesgo la paz de nuestras comunidades y toda la sociedad guatemalteca", enfatizaron.
Asimismo, señalaron que las órdenes de captura ejecutadas hoy en el marco de un operativo liderado por el Ministerio Público (MP), en conjunto con las fuerzas de seguridad, tienen como objetivo a ciertas personas, pero en realidad están enviando un mensaje contra los pueblos indígenas en general y de cualquier persona o grupo de personas que, ejerciendo uno de sus derechos fundamentales, recurren a la manifestación.
En ese contexto, exigieron la liberación inmediata de "sus hermanos", pues consideraron que su encarcelamiento injusto atenta no solo contra su integridad, sino contra la dignidad y autonomía de todos los pueblos originarios de Guatemala.
"Advertimos que, de no ser atendidas nuestras exigencias con la urgencia y seriedad que amerita, los pueblos se levantarán, porque no permitiremos se nos continúe persiguiendo e intimidando a nuestras autoridades y líderes indígenas por defender la democracia, la justicia y la verdad", enfatizaron.
"Las voces de los pueblos no se callan"
Durante la conferencia, los dirigentes de los 48 Cantones hicieron un llamado a los pueblos en Guatemala para unir fuerzas y poner alto a lo que describieron como élites corruptas incrustadas en las instituciones del Estado, "que se quieren oponer a la democracia y establecer una dictadura judicial".
Reiteraron que es una persecución hacia líderes indígenas y que no están defendiendo particularmente a una persona, sino a los representantes que en su momento hicieron lo que las asambleas les pidieron.
"Las voces de los pueblos no se callan. Los hermanos que han trabajado por defender la gobernabilidad de Guatemala y democracia no están solos", puntualizaron.
