La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), ratificó hoy la solicitud de antejuicio contra la diputada Aracely Chavarría ante la Sala Primera de Apelaciones.
La legisladora está señalada por esa Fiscalía en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud, una investigación efectuada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dejó de funcionar en el país en septiembre pasado.
De acuerdo con el expediente la congresista Chavarría está señalada por el delito de tráfico de influencias.
En julio de este año la Feci con el apoyo de la Cicig, llevó a cabo diligencias judiciales autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D, al que se solicitaron 29 órdenes de aprehensión y 84 citaciones a primera declaración dentro del caso “Asalto al Ministerio de Salud Pública”.
En esa ocasión fueron capturadas 19 personas y se solicitaron antejuicios contra 10 diputados; entre estos Aracely Chavarría.
De acuerdo con la investigación, a la estructura también se le requirió la participación de los diputados Estuardo Galdámez, Boris España, Roberto Kestler y Rolando Pérez; así como Heber Cabrera, entonces gobernador de Quiché, y de Juan de Dios Rodríguez.
Contratación de plazas
Según la investigación de Feci , se determinó que el Ministerio de Salud estaría siendo utilizado como un bolsón de plazas, ya sea para el pago de favores políticos, el cobro de un porcentaje o el cobro completo vía plazas fantasmas.
Bajo este sistema la investigación evidenció que fueron adjudicadas al menos 450 puestos de trabajo en este ministerio.
La estructura criminal otorgó más de un centenar de plazas del Ministerio de Salud como parte de pago de favores políticos, las cuales eran requeridas por distintos funcionarios públicos.
Para la estructura era importante colocar personas afines en los puestos de dirección, así como las jefaturas de recursos humanos o el área financiera, pues esto les permitía continuar colocando plazas en las áreas de salud o en hospitales.
Para ello se llevaba un “control interno”, previamente establecido, para cumplir con los requerimientos realizados por los funcionarios.
Bajo ese esquema se identificaron solicitudes de diputados de diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de la República, así como de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, el Parlamento Centroamericano (Parlacen), de la Universidad de San Carlos (Usac) y de algunas alcaldías.
