Nota de EU89.7
Publican reglamento para entrega de alimentos y cupones canjeables

Los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura hicieron públicas las bases para la entrega de apoyos durante la emergencia por Coronavirus.

Los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura Ganadería y Alimentación publicaron este lunes el acuerdo gubernativo 60-2020 que establece el reglamento del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención por la pandemia del Coronavirus. 

Este contempla el registro de beneficiarios y la base de datos interinstitucional que busca evitar la duplicidad.

“Esto es parte del proceso para la ejecución de la dotación alimentaria que nace de la aprobación del decreto 12-2020 en el cual se asignan Q700 millones para dicho efecto”, explicó el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero.

Asistencia durante emergencia

Mediante el decreto legislativo 12-2020 se autorizó el monto de Q700 millones para los referidos ministerios, divididos en Q350 millones para cada uno.

En dicho decreto se establece la creación de una base de datos unificada de beneficiarios. Además, se refiere que el programa alimentario será destinado a las familias en situación de vulnerabilidad, adultos mayores (incluyendo a los que se encuentran en centros y asilos).

El registro y control de beneficiarios se realizará de forma física o electrónica. Además, se establece que quienes opten a otros beneficios por la emergencia de Coronavirus no podrán estar en estos programas.

Cada cupón canjeable será de hasta Q350, será elaborado e impreso por imprentas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y contará con mecanismos de seguridad autorizado por las carteras correspondientes.

Este canje podrá realizarse en farmacias, tiendas de barrio, supermercados, depósitos de alimentos, entre otros, el objetivo primordial será hacia insumos de la canasta básica y medicamentos para prevenir la propagación del virus que ya cobró la vida de siete guatemaltecos.

Se estableció por parte de ambos ministerios que se hará rendición de cuentas ante la Contraloría para evitar la politización de los programas.

Por Francisco Pérez