La viceministra de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Bertha Zapeta, presentó este viernes 4 de julio una querella en contra del diputado al Congreso de la República, Sergio Enríquez Garzaro.
Esto ocurre después de un incidente que se registró días atrás durante una citación en la sede del Legislativo, a donde fue convocada la funcionaria para abordar una serie de temas relacionados con la gestión en la cartera a la que representa.
En esa ocasión, el parlamentario, quien forma parte del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), le planteó cuestionamientos a Zapeta, pero al momento en el que ella respondió al respecto utilizó un idioma maya, lo que generó que él le solicitara que se pronunciara en español.
La funcionaria indicó que se expresó de esa manera porque se trataba de un mensaje dirigido al pueblo, en tanto, el parlamentario negó que haya existido algún acto de discriminación.
Reiteran derechos de los pueblos indígenas
El caso de la viceministra ha desatado una serie de pronunciamientos, incluidos los de la Defensoría de la Mujer Indígena, de la Comisión de la Mujer del Congreso y de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra).
Las entidades y la diputada Sonia Gutiérrez aseguraron que reconocen los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala y el compromiso de respetar y promover ejercicio de los colectivos. En ese contexto, pidieron darle seguimiento a lo ocurrido.
Codisra emitió un comunicado en el que expresó su preocupación ante lo que describió como "reiteradas acciones de discriminación y racismo" de funcionarios públicos. Expuso que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala implica que el Estado asuma el compromiso de respetar y promover el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de quienes cohabitan en el país.
"Hay que recordar que el reconocimiento de los pueblos indígenas está contenido en la Constitución. (...) Por lo anterior, ningún cargo, ninguna investidura y ninguna inmunidad da el derecho a ejercer racismo y discriminación", expuso.
Agregó que, desde Codisra, se insta a las y los funcionarios públicos a abstenerse de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas mediante acciones de la referida índole.
